Entre las pruebas registradas en el expediente, los informes que tuvieron mayor peso en la decisión de los jueces camaristas fueron dos: una pericia de Gendarmería Nacional y una polémica publicación de la Secretaría de Minería de la Nación en su página oficial, que apareció el 28 de marzo de 2007 y a las horas fue borrado (dicho informe fue difundido por primerafuente en aquel momento).
“El informe pericial concluye que las muestras analizadas poseen un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 para el parámetro cobre. También sostiene que los valores de demanda bioquímica de oxígeno son inferiores a los establecidos por la legislación vigente”, se expresa en el fallo en relación al estudio de la fuerza nacional, que fue apelado en su oportunidad por la defensa de la minera. En este punto, los jueces camaristas advirtieron que estas pericias se realizaron el 28 de setiembre de 2000, luego de que la empresa inaugurara una planta de tratamiento de efluentes. “Esto evidencia a todas luces no sólo el conocimiento que tenían las autoridades de la minera acerca del contenido de los efluentes vertidos en el Canal DP2 sino de la ineficacia del contralor sobre la calidad de esos efluentes”, concluyeron.
En cuanto a la segunda prueba, aseguraron que el informe oficial evidenció un impacto “negativo” en el ambiente por parte de la empresa internacional. “A lo largo del curso (del canal) y con el aporte de agua superficial y subterránea de la zona puede observarse un notable incremento en las concentraciones de sólidos totales disueltos, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable”, reza una de las transcripciones del escrito oficial.
En el fallo, los camaristas también declararon la nulidad de la recepción de muestras y análisis periciales practicados en las investigaciones preliminares por parte del fiscal federal general Gustavo Gómez, salvo aquellas que surjan de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales. “Las actuaciones preliminares se habrían originado el 3 de setiembre de 2002, cuando la investigación en cuestión ya se encontraba en curso, por lo que se estima que las medidas dispuestas en dicha investigación, para dar debido cumplimiento a la normativa procesal, debieron ser solicitadas dentro de la causa judicial y al juez interviniente”, concluyeron al dejar en claro las conocidas diferencias que mantienen con el fiscal Gómez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario