El Gobierno convocó a ambientalistas para presentarles los avances del Plan de Reconversión Industrial en las empresas tucumanas. Sin embargo, debió soportar airadas críticas por parte de vecinos de las fábricas por la contaminación que padecen. Prevén avances en el control de los efluentes en ingenios. Presencia de funcionarios nacionales.
Los convocaron para anunciarles los avances concretados en torno al Plan de Reconversión Industrial (PRI) pero debieron soportar las críticas y quejas de los vecinos. Mientras desde el Gobierno se explicaron los pasos resueltos hacia una política de producción limpia, quienes viven en las cercanías de las industrias exteriorizaron sus padecimientos ante lo que ellos entienden como más promesas frente a cambios que, por ahora, aún no fueron comprobados. Así, durante la noche del martes, autoridades de las Secretarías de Medio Ambiente local y de la Nación recibieron un glosario de penurias de vecinos de diferentes puntos de la provincia. La citrícola Citrusvil y el ingenio San Juan en Banda del Río Salí; las fábricas azucareras Marapa en Alberdi o La Corona en Concepción; la citrícola Citromax en Tafí Viejo o los ruidos insoportables y el hollín del ingenio Aguilares. Desde cada uno de los puntos cardinales de la geografía provincial se exteriorizaron realidades que ya llevan años de tolerancia. La intención de los funcionarios se centró en demostrar cómo, a seis meses de firmados los convenios individuales con alrededor de 30 empresas, las inversiones en cada una de ellas comenzaron a realizarse a fin de mitigar el impacto ambiental que generan. A través de la exposición del Coordinador Técnico del PRI a nivel provincial, Rubén Dip, se confirmaron los pasos dados por los ingenios con el objeto de llegar a la zafra del año próximo con la totalidad de las emanaciones filtradas. Para alcanzar esta meta, Dip trazó un panorama de las inversiones realizadas para tal fin en los últimos años. Según sostuvo, mientras en 2006 sólo se filtraba el 18,6 por ciento de los gases de las chimeneas de los ingenios, en 2007 se avanzó al 62 por ciento. Para esta zafra se prevé un control total del 77, 3 por ciento. En cuanto a la cachaza, se aseveró que para esta temporada se controlaría la totalidad de este desecho en cuanto a su disposición en cursos de agua naturales. En total, se estima que la cachaza representa el 14 por ciento de la carga orgánica que se deriva a la Cuenca Salí-Dulce. En tanto, en cuanto al tratamiento de la vinaza se confirmó la instalación de un nuevo sistema de tratamiento que será instalado por el ingenio La Trinidad a partir de un convenio con la Universidad de Valparaíso (Chile). De prosperar esta iniciativa, la intención es aplicarla a la mayor cantidad de ingenios provinciales. Hasta ahora, cada una de las empresas locales que rubricaron el PRI (ingenios, frigoríficos, papeleras, citrícolas, etc) presentó tres informes bimestrales sobre el avance de las obras realizadas. Estos estudios luego son cotejados a través de inspecciones de la que forman parte el Departamento de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, el área de Calidad de Agua de la Dirección de Recursos Hídricos y el Jefe de Distrito de Recursos Hídricos. De la reunión, realizada en la sede de la Dirección de Medio Ambiente provincial, participaron el secretario del área, Alfredo Montalván, el director Sergio Villafañe, el director nacional del Programa de Producción Limpia de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Ariel Carabajal; el director de Residuos Peligrosos de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de la Nación, Alberto Capra; y la titular de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Miriam Gallardo. Además, participaron vecinos de Concepción, Alberdi, La Trinidad, Banda del Río Salí, Pacará Pintado, Aguilares y Tafí Viejo. También hubo integrantes de las organizaciones Univec, Pro-Eco, Federación de ONGs Ambientalistas, entre otras.
Ecos de los reclamos vecinales que debieron escuchar los funcionarios
Aún resuena en la sala de reuniones de la Dirección de Medio Ambiente provincial las quejas de los vecinos en cuanto a la contaminación que producen las fábricas en sus vidas. El encuentro estuvo cargado de intervenciones en las que se expuso el malestar existente en diferentes puntos de la provincia. Un grupo de mujeres cuyas residencias se encuentran próximas al ingenio Aguilares encabezó el derrotero de denuncias que debieron escuchar los funcionarios. Marta Yunta tomo la iniciativa al denunciar que el PRI sólo otorga beneficios a las empresas pero no a la población. “¿Cómo se explica que este ingenio que, según dicen, realizó inversiones millonarias esté ahora mismo sepultándonos otra vez de ceniza?, bramó, mientras hacía escuchar a través de su celular la grabación del ensordecedor ruido que la fábrica azucarera genera al permitir escapes de vapor a través de sus calderas. Interrumpido en su alocución, el coordinador local del PRI, Rubén Dip, intentó calmar los ánimos al asegurar que en una semana el nuevo filtro scrubber que instaló Aguilares estaría en pleno funcionamiento. Las vecinas retrucaron exigiendo la conformación de un acta acuerdo en las que se asiente qué se hará para erradicar los ruidos molestos y los olores nauseabundos de una laguna de sacrificio de vinaza y desechos de la empresa. La posta la tomó el vecino del basural de Pacará Pintado, José Argañaraz, quien acusó a Montalván de haber mentido en cuanto a la caducidad del funcionamiento del vaciadero. Además, reclamó que sea la propia Secretaría de Medio Ambiente la que se constituya como querellante en los juicios contra las empresas contaminantes. “No podemos solventar con nuestros bolsillos los juicios contra ellos”, se quejó. Montalván contestó que todo vecino tiene derecho a iniciar acciones legales por su cuenta y que es obligación del Estado garantizar la paz social en lo que respecta a garantizar las fuentes de trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. “El PRI es un programa que tiene condiciones que lo hacen más efectivo. Si las empresas no cumplen lo prometido, el acuerdo se cae”, garantizó. Por su parte, el referente de la Unión de Vecinos del Sur, Gustavo Masmud, solicitó a la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Miriam Gallardo, que elabore proyectos de ley que eximan de pagos de impuestos a quienes padezcan las consecuencias de la contaminación ambiental que les causan las fábricas lindantes y que se obligue al Estado a iniciar acciones legales en la Justicia Federal contra los empresarios que no cumplan las normas que protegen al medio ambiente. Carlos Aguilar expresó los padecimientos que hace años soporta por vivir a metros del ingenio Marapa en Alberdi. Sostuvo que debió cambiar dos veces el techo de su vivienda por el hollín y la lluvia ácida que ocasiona la contaminación de esta empresa. “Con la poca plata que tengo me compré hace seis meses otra casa. Hoy podría desplomarse por las grietas causadas por la vibración que de la maquinaria de la destilería del ingenio ¿Quién se hace responsable de este daño que sufrí?
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 relata al secretario de Medio Ambiente (segundo desde la izquierda) c%C3%B3mo es vivir rodeado de la contaminaci%C3%B3n de tres ingenios y una citr%C3%ADcola. &foto=42601-IMG_8315.jpg','42601','scrollbars=no,width=640,height=427'))
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