Clausuran un ingenio por violar leyes ambientales
El San Juan no podrá comenzar la zafra hasta tanto presente un plan de producción limpia. Advertencia de la titular de Medio Ambiente de la Nación.
El ingenio San Juan no podrá comenzar la zafra si no presenta un plan de producción limpia. Por disposición de la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, y como consecuencia de un informe que presentó el Gobierno provincial, ayer se procedió con la clausura preventiva de esa fábrica azucarera ubicada en Banda del Río Salí. Según explicó Picolotti, que ayer estuvo en Tucumán, el ingenio carece de filtros en sus chimeneas y arroja cachaza al río Salí, entre otras violaciones a las leyes ambientales. “Otras industrias de la provincia sufrirán las mismas consecuencias si no cumplen con el plan de producción limpia”, advirtió.
La funcionario participó, además, del Congreso del Agua que se desarrolla en la provincia, y adelantó que se busca un plan nacional de uso racional y responsable de los recursos hídricos.
NDUSTRIAS - DURA ADVERTENCIA
Clausuran el ingenio San Juan por incumplir leyes ambientales
Medio Ambiente de la Nación dice que la fábrica azucarera contamina el río Salí y el aire. Picolotti afirmó que la medida es transitoria y que se cerrarán más industrias si es que no se respeta el plan de producción limpia.
Fotia cree que no peligra la zafra
Los sindicalistas de Fotia están alertas respecto del desenlace que puede tener la clausura del ingenio San Juan. “Hasta aquí es una medida provisoria. Creemos que no peligra la zafra en ese ingenio”, dijo Luis González secretario adjunto de Fotia. Los empleados del San Juan, en tanto, se mostraron sorprendidos y preocupados al conocer la medida.
El plan de reconversión
$ 100 millones ofreció la Nación en crédito para mejorar la industria a través del Programa de Reconversión Integral (PRI) que rubricó con el Gobierno provincial en marzo pasado, con la intención principal de sanear la cuenca Salí-Dulce.
Fueron 22 las empresas que suscribieron el PRI. Representan el 80% de las industrias que vierten efluentes en la cuenca Salí-Dulce.
Según el acuerdo, las industrias tenían un plazo máximo de tres meses para presentar un plan de gestión para minimizar efluentes.
A su vez, Nación y Provincia se comprometieron a formular, en un plazo de dos meses, los convenios individuales por empresa, una vez aceptado el plan de gestión propuesto por cada firma.
Las empresas que firmaron el PRI fueron las citrícolas San Miguel, Cota, Citrusvil y Citromax; y los ingenios Concepción, Leales, Marapa, Santa Bárbara, Ñuñorco, Providencia, Fronterita, Bella Vista, Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, Aguilares, Cruz Alta, San Juan y La Corona.
Cuando se suscribio el PRI, tanto Alperovich como Picolotti habían advertido que se sancionaría a las firmas que no propusieran un plan de mejora ambiental. Aparentemente, el ingenio San Juan -que fue clausurado ayer- no había presentado nunca ese plan.
Mientras la mayoría de las industrias azucareras de la provincia se apresta a comenzar la zafra, el ingenio San Juan no podrá -por el momento- poner en marcha sus trapiches. Ayer, una comisión de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán dispuso la clausura preventiva de esa fábrica, luego de que funcionarios de ambas dependencias realizaron una inspección. La disposición es inédita en la provincia y pone en riesgo el comienzo de la molienda en ese ingenio.
La propia secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, anunció ayer la medida, en el marco de la visita que realizó a la provincia para participar del Congreso del Agua (ver página 12). “Todos los ingenios y las fábricas fueron advertidos de esta situación; es por eso que hoy estamos procediendo a la clausura el ingenio San Juan. La idea es que todas las fábricas puedan producir ayudadas por los Gobiernos nacional y provincial para minimizar el impacto ambiental”, argumentó Picolotti.
La funcionaria, que estaba acompañada por su par de Tucumán, Alfredo Montalván, explicó que la medida se dispuso como consecuencia de la inadecuada gestión, por parte de la empresa Indukom Argentina SA (administradora del San Juan), de los efluentes líquidos generados durante el proceso de obtención del azúcar, cachaza y vinaza. Sucede que esta firma, junto con otras 21 industrias tucumanas y el Gobierno de la Provincia, rubricó en marzo pasado el Programa de Reconversión Industrial (PRI) de la Nación, por el que la Provincia y las industrias locales se comprometieron a presentar un plan de producción limpia. Según Picolotti, los administradores del ingenio San Juan nunca mostraron voluntad de cumplir con el PRI, y advirtió que otras industrias de Tucumán correrán la misma suerte si no respetan su compromiso de producir cuidando el medio ambiente.
Tras formular el anuncio, una comisión de la secretaría de Medio Ambiente de la Nación, comandada por Raúl Vidable, secretario de Fiscalización y Control Ambiental, se dirigió a la fábrica ubicada en Banda del Río Salí y concretó la clausura provisoria. Junto a esta medida, Recursos Hídricos suspenderá al San Juan la provisión de toma de agua de pozo destinada a actividades industriales. Los funcionarios dijeron que la medida será dejada sin efecto cuando los administradores del ingenio muestren una voluntad real -y presenten un plan- de producir azúcar sin dañar el ambiente.
El gobernador, José Alperovich, dijo que todas las industrias deben cumplir con el PRI. “Es mínima la inversión que debe hacer este ingenio (San Juan), que arroja cachaza al río Salí y contamina. No hizo nada para superar esto. Anoche (por el martes) cené con los industriales azucareros y les dije que en el tema ambiental vamos a trabajar fuerte, porque se contamina y se afecta la salud. Es una seria advertencia a todas las industrias”, dijo.
La clausura preventiva del ingenio San Juan no tomó por sorpresa a las autoridades de esta fábrica azucarera, que prefirieron no formular declaraciones a LA GACETA sobre el acto que encabezó ayer la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, a instancias del gobernador José Alperovich.
Desde finales de 2001, el ingenio San Juan, ubicado en el departamento Cruz Alta, es administrado por una empresa que pertenece a la familia Altamiranda, que se adjudicó la fábrica a través de un procedimiento judicial de cramdown o salvataje. El 19 de noviembre de ese año, el Juzgado Civil y Comercial Común de la VII Nominación de los tribunales de esta ciudad, a cargo de la jueza Nilda Graciela Dalla Fontana de Antoraz, dictó la resolución que aprobó y homologó el primer procedimiento de este tipo, en el marco normativo del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, vigente desde 1995.
El caso del “Complejo Agroindustrial San Juan SA s/concurso preventivo” involucró todos los activos de la empresa (ingenio, todo el equipamiento agrícola, tierras cultivables, rodados e, inclusive, la totalidad de su personal permanente y transitorio en relación de dependencia). El procedimiento de salvataje es una transferencia forzosa de las acciones de una sociedad concursada, luego de que sus dueños fracasan en la negociación de su acuerdo preventivo.
CONAGUA 2007 - PICOLOTTI EN TUCUMAN
“El 61% de la superficie de nuestro país es árido”
El presidente del Instituto Nacional del Agua afirmó que las Naciones Unidas se equivocan al creer que la Argentina ocupa un área húmeda. La secretaria de Medio Ambiente de la Nación anunció el lanzamiento de un monitoreo de calidad de agua, aire y suelo en el país.
La Papelera
Reconversión productiva de la papelera con estrategias compatibles con el desarrollo sustentable.
Medio Ambiente emitirá certificados de cumplimiento parcial de las metas que proponga la papelera para cada semestre.
La Papelera entregará antes del 31 de julio el manual técnico, donde especificará las técnicas y los procedimientos que quiere poner en práctica.
Nación y Provincia colaborarán con la búsqueda de financiamiento y brindarán capacitación, material de soporte para talleres y control para implementar el PRI.
La papelera evacuará en 10 días hábiles administrativos toda solicitud de información sobre su producción.
Toda información de la papelera que se genere por este convenio es y será considerada confidencial.
“Para las Naciones Unidas, la Argentina es un país húmedo, pero están equivocados. El 61 % de la superficie del país es árido. Como ahí vive sólo el 6 % de la población, no le interesa a nadie”, afirmó Raúl Antonio Lopardo, presidente del Instituto Nacional del Agua, en una de las exposiciones técnicas, del “Conagua 2007”, que ayer contó con la presencia de Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente de la Nación.
El titular del organismo científico-tecnológico creado en 1973, que investiga y realiza servicios técnicos para terceros o para el Estado, puso énfasis en que el agua dulce debe ser preservada y usada para el desarrollo sin comprometer a las generaciones futuras, porque es un bien escaso y vulnerable. “En realidad, a nuestro planeta le sobra el agua, pero lo que falta es energía barata para desalinizar el mar. Tendríamos que hacer más esfuerzo para avanzar en la generación de esa energía. Hoy es casi impracticable, a pesar de que se lo hace en algunas zonas de España y en ciertos países de Medio Oriente”, puntualizó Lopardo.
Cuencas compartidas
Por su parte, Picolotti anunció el lanzamiento de un programa de monitoreo de calidad de agua, aire y suelo para todo el país. “El 75 % del agua que se consume en Argentina proviene de cuencas compartidas entre dos o más provincias, lo cual exige una política de Estado nacional”, explicó.
La secretaria nacional de Medio Ambiente reconoció que firmaron un nuevo convenio con Papelera del Tucumán, en el marco de un programa de reconversión industrial de todas las papeleras del país. Asimismo reconoció que el mismo tipo de acuerdo rubricaron con la firma Alto Paraná y que multaron en $400.000 a Puerto Piray (Misiones).
En cuanto a la empresa tucumana, la funcionaria destacó que la Papelera está por colocar un filtro y que además está haciendo un monitoreo de aire por pedido de la población de Lules, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. “El estudio es financiado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y en el convenio Papelera del Tucumán se compromete a presentar un plan para trabajar libre de cloro y a tomar una serie de medidas de ingeniería interna, que implicarían trabajar mejor con la planta de tratamiento de efluentes que tienen, elaborar efluentes dentro de los estándares y regular emisiones gaseosas”, agregó Picolotti.
El especialista español en Derecho de Aguas, Luis Alberto Núñez Recio explicó en su disertación que el agua de uso doméstico en su país se encuentra medida y cuesta unos 50 centavos de euro el metro cúbico. “En promedio, una persona consume cuatro metros cúbicos mensuales, una cantidad que con impuestos vale cuatro euros por mes. Es decir que una familia de cuatro personas paga alrededor de 16 euros mensuales por el agua (unos $ 60). A nadie se le ocurriría lavar el auto en la vereda, más allá de que está prohibido”, resaltó el técnico de España.
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