CUANDO LAS CASULIDADES TRAEN MAL OLOR

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	Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder.

Dos pedidos de destitución remitidos a la Procuración General Nación en contra del fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gómez, despertaron una campaña nacional de repudio por parte de ambientalistas que defienden el desempeño del funcionario judicial. Existen dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la Fiscalía General. Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones. Asambleas vecinales vincularon estas denuncias al procesamiento de un directivo de Minera Alumbrera y la investigación en torno a supuestas irregularidades en el proyecto Lomas de Tafí, ambas encaradas el fiscal general.

El procesamiento del alto directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación ambiental, parece haber despertado un aroma poco agradable en el seno del Ministerio Público Fiscal Federal de Tucumán. Curiosamente, el mismo desagradable olor parece estar impregnado en los pasillos de la Procuración General la Nación (PGN). En manos del Consejo Evaluador del MPF se encuentran dos pedidos de destitución contra el fiscal general federal de la provincia, Antonio Gustavo Gómez, uno de los principales impulsores de la causa judicial contra Rooney. Un pestilente cúmulo de “casualidades” se desparrama tras la sombra de Gómez. Justamente, uno de los planteos contra el fiscal de origen santacruceño es promovido por el empresario hotelero Carlos Miguel Gordillo. Fuentes judiciales aún recuerdan su sobreseimiento en una causa penal tributaria (por una supuesta estafa de 3 millones de pesos al fisco) de cuya investigación estuvo a cargo de la AFIP, el fiscal federal de primera instancia Nº 2, Carlos Brito y, en forma preliminar, el mismo Gómez. El siguiente paso en la embestida contra el fiscal lo dio el secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato quien acusó al fiscal de haber acosado a sus empleados. Lo curioso de esto, es que los mismos trabajadores enviaron notas a Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y al propio Piumato negando las denuncias. El tufillo de las coincidencias fue avivado desde organizaciones ambientalistas que advirtieron la concordancia temporal entre esta acusación y el procesamiento de Rooney impulsado por Gómez. En esta historia cargada de hedor, no faltan aquellos que sugieren que llamadas desde el Ministerio de Planificación Federal (a cargo del harto cuestionado Julio De Vido) a la PGN gravitaron a la hora de que Righi decidiera girar sendas actuaciones a evaluación del Consejo Evaluador del MPF. Algunos osados se animan a vincular estas circunstancias a la investigación encarada por la Fiscalía General en torno a supuestas irregularidades en el proyecto habitacional Lomas de Tafí que involucraba a funcionarios nacionales y provinciales en una supuesta mega estafa por 250 millones de pesos con un plan de viviendas. Ambas presentaciones apuntan a lo mismo: el aparente abuso de autoridad cometido por Gómez en sus investigaciones preliminares. Así, la embestida, por ahora dio sus frutos: el funcionario judicial hoy se encuentra imposibilitado de realizar nuevas investigaciones preliminares pese a que artículo 26 de la ley 24.946 (ley del Ministerio Público y Normas Reglamentarias), establece lo contrario. Por lo pronto, el Consejo Evaluador podría designar un sumariante que concluiría en la suspensión de Gómez, paso previo a un juicio de destitución oral y público.
ONGs e intelectuales defienden a Gómez ante el Procurador General

“Es la primera vez en la historia de nuestros países del Sur que pruebas indubitables de contaminación, obtenidas por agentes oficiales de Gendarmería Nacional a solicitud de dicha fiscalía, permiten el procesamiento de delincuentes ambientales que vienen esquivando la justicia debido a la propia gravitación y peso económico que ejercen en las respectivas localidades donde instalaron sus industrias contaminantes: es el caso de una transnacional minera con asiento en la provincia de Catamarca y de una planta tucumana procesadora de caña de azúcar.(…) Incurrir en la destitución del Fiscal General de Tucumán Dr. Antonio Gustavo Gómez, tiene el único propósito de frenar o invalidar lo actuado y que ese Ministerio Público Fiscal se convierta en una vulgar marioneta del delito”, sostuvo el reconocido ambientalista de Esquel, Javier Rodríguez Pardo, en una carta enviada al Procurador General de la Nación, Esteban Rigui.

“Durante demasiado tiempo Alumbrera Limited actuó sin que el Estado la controlara. Esto permitió la destrucción de altas cuencas hídricas, la contaminación de agua y suelo en Catamarca, la reiterada rotura del mineraloducto interprovincial con subsecuentes derrames de sustancias peligrosas, y la grave contaminación de las aguas del canal DP2 en Tucumán. Los residuos que estuvo transportando este canal también habrían afectado las aguas del embalse de Río Hondo en Santiago del Estero, y por extensión una parte importante de la cuenca del río Salí-Dulce.

Precisamente el trabajo serio y meticuloso del Fiscal General dejó al descubierto las abiertas violaciones de Alumbrera Limited a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051, y la irresponsabilidad empresaria de sus altos directivos. No es justo ni razonable que las ganancias desmedidas que obtienen estas empresas se haga a costa de la salud de las personas, y que sus violaciones a normativa vigente queden impunes. El Fiscal General Antonio Gustavo Gómez le mostró a la sociedad y a las empresas transnacionales que el brazo de la justicia también llega hasta los poderosos”, aseveró el biólogo, Premio Nóbel Alternativo 2004, Raúl Montenegro, en una misiva enviada a Righi desde Finlandia.

“Antonio Gómez es el único de los fiscales y jueces federales que escuchó los planteos de la ciudadanía hacia los delitos ambientales que amenazan sobre nuestra región día a día. Las investigaciones preliminares iniciadas por el Fiscal General dejaron al descubierto los daños ambientales de los que somos victimas. Su labor, ahora cuestionada, nos llevó a creer en una justicia verdadera, participativa, donde los ciudadanos pueden ser escuchados, una justicia independiente y sin connivencias ni políticas ni empresariales”, afirmó Norberto Costa de Movida Ambiental Termas.

“Como parece ser que la democracia es solo un título usado para jactarse, no es extraño que a una persona que hace justicia, que su meta y tarea es la justicia, ahora busquen rebuscadamente destituirlo. Seguro que muchos intereses oscuros habrá detrás de todo esto”, se quejó Iván Berkman de la ONG Conciencia Solidaria.