EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Piden el archivo de la denuncia contra las protestas que irritaron a un juez



	En febrero pasado, los ambientalistas pidieron que la Cámara resuelva la causa contra un ejecutvio de Minera Alumbrera.


	Los hechos democráticos que molestaron a Sanjuan Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco, Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En las tres oportunidades entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios judiciales. Los ambientalistas reclamaron la resolución de una causa que inició el biólogo Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) y que se tramita en Tribunales Federales desde el 5 de agosto de 2005, sin que hasta el momento la Cámara haya emitido su pronunciamiento respecto al imputado Julián Rooney. En la causa se investigó el al aparente daño ambiental producido por la Minera Alumbrera en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca). En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.

El fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de una denuncia penal que inició el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, en contra de un grupo de ambientalistas que protestó por la demora de una causa contra un ejecutivo de Minera Alumbrera. “La manifestación no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades garantizados por la Constitución Nacional”, concluyó Ferrer. Ahora, la última palabra la tiene el juez Mario Racedo. En diálogo con primerafuente, Sanjuan ratificó su denuncia y dijo que “fue un apriete”.

“La manifestación, escrito o reclamo que pudiera haberse hecho no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de los derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades, garantizados por la Constitución Nacional; aunque tomen la forma de protesta pública”. Con este argumento, el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de la polémica denuncia penal que realizó el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, en contra de ambientalistas que reclamaron por la demora en la resolución de una causa contra Julián Rooney, quien se desempeñaba como directivo de Minera Alumbrera al iniciarse la investigación judicial.

Antes de conocer el pedido de archivo por parte de Ferrer, Sanjuan recibió en su despacho a primerafuente y ratificó su denuncia penal. “Esa manifestación fue un apriete. No me pueden exigir como juez tal o cual decisión respecto a Rooney ni de nadie”, dijo molesto por la protesta pública.

Molesto por las tres manifestaciones públicas que se realizaron en febrero pasado frente al edificio de Tribunales Federales, Sanjuan presentó el 10 de marzo último una denuncia penal contra los ambientalistas aduciendo una “posible comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal”. En otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo. La causa cayó en manos del fiscal Ferrer y del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, quien ahora debe decidir si se archivan o no las actuaciones.

Al respecto, Ferrer concluyó que de estas manifestaciones “no surgen conductas que puedan interpretarse como extorsivas ni tampoco amenazas que permitan presumir la imputación de conducta que afecte el honor o la violación del secreto”. Inclusive, señala que en ningún momento se personalizó a algún miembro de la Cámara.

En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle “una resolución judicial sujeta a oscuros intereses”. “Utilizan lo que se denomina en el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual, llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona”, reza en forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.

En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente, el camarista también había pedido a la Policía Federal la identificación de cada uno de los integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron panfletos en reclamo de justicia.