KORRUPTELA DE NK Y AHORA SIGUE CK

El 75% de las compras del Gobierno se hicieron por contratación directa
Las licitaciones durante la gestión K dejaron paso a las contrataciones directas.Laura Zommer - Especial para Los Andes
Durante la gestión de Néstor Kirchner, el 75 por ciento de las compras y contrataciones de bienes y servicios se hizo mediante una contratación directa y no por licitación pública. Eso no es todo: el precio de compra pagado por diferentes organismos por un mismo producto -combustible, leche en polvo, medicamentos, tonner, entre otros- tuvo una variación de entre 1 y 10 veces. Y, en muchos rubros, se detectó una oferta “cartelizada”: las contrataciones se reparten casi siempre entre las mismas manos.Una investigación de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre el estado de las contrataciones -finalizada en junio de 2007 pero sólo difundida este mes, luego de que Kirchner dejó formalmente la Casa Rosada-, arribó a estas conclusiones luego de revisar las 50.000 órdenes de compra de bienes y servicios producidas entre 2003 y 2005 y de analizar, detalladamente, 1.014 expedientes de compras de 34 productos concretadas por 15 organismos públicos durante el mismo período. Es una muestra representativa, aseguran los autores de la investigación -recogida en el libro “El estado de las contrataciones”, que se publicó gracias al apoyo de la Embajada Británica y el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-, porque los casos analizados representan el 60% del gasto de ese período, que asciende a 3 mil millones de pesos.Corrupción o ineficienciaCuando se habla de contrataciones directas, se piensa de inmediato en actos de corrupción. O en contratos de funcionarios con familiares, amigos o empresarios venales. Pero la verdad es que no necesariamente tiene que ser así. De hecho, es un procedimiento de compra aceptado por la legislación vigente para adquirir productos de hasta 75.000 pesos. Es más, el estudio empírico de la OA concluye que, durante la gestión kirchnerista, un mismo producto fue adquirido por los distintos tipos de procedimiento de compra y el precio obtenido en las licitaciones públicas no fue sistemáticamente inferior al de las licitaciones privadas. Y, a su vez, el precio de las licitaciones no resultó inferior al de las contrataciones directas. Pero, aunque el informe de la OA no avanza en determinar si hubo sobreprecios o actos de corrupción en las compras del Gobierno anterior -”porque ése no era el objetivo del estudio”, según explicó el titular del organismo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas-, si un fiscal decidiera revisar los expedientes, probablemente encontraría más de uno.Aunque la difusión de las conclusiones de la OA no cayó muy bien en el Gobierno, para Fleitas Ortiz de Rozas, “el trabajo permitió reproducir, a escala, un problema de nuestra administración que es antiguo y prolongado: cómo dar mayor transparencia, competitividad, eficiencia y economía a las compras públicas”.El sentido común indica que, generalmente, si uno compra productos en cantidad, paga menos que si compra pocos. Y, si planifica y sabe con antelación qué necesitará adquirir, puede elegir cuándo y dónde hacerlo. Además, supone que si difunde bien qué necesita habrá más cantidad de oferentes y la ley de la oferta y la demanda hará que pague finalmente un precio más bajo. Pero, ¿funcionan las compras del Estado argentino como las hogareñas? Claro que no. Los factores, según la investigación de la OA y los expertos consultados, son diversos. Para Gastón Rosemberg, responsable del Programa Contrataciones Públicas Transparentes, de Poder Ciudadano, los principales problemas de las compras del Estado son “la falta de programación de lo que se adquirirá (porque generalmente los organismos repiten cada año el pedido del monto de su presupuesto ejecutado con un 20% de más, sin vincular los objetivos o acciones previstas para el año siguiente), la alta discrecionalidad de los funcionarios -para decidir desde qué objeto comprar hasta a quién o cuándo comprarle-, la ausencia de control en todas las etapas, ya que no hay un sistema metódico que controle en tiempo real lo que el Estado adquiere y tampoco hay control de resultado para confirmar si lo que se compró, sea caro o barato, sirvió para los fines para los que se adquirió”.Además, en varios rubros existe una “cartelización” del mercado que impacta en las arcas del Estado. Cuatro proveedores concentran 51% del gasto total en los 34 productos analizados. Diez proveedores el 70%; 15, el 80%; 27, el 90%. El monto total de gasto por producto se encuentra concentrado en pocos proveedores. Y, aun en aquellos casos en que se han realizado operaciones con un gran número de empresas, el gasto se concentra en unos pocos. Por ejemplo, 11 proveedores explican el 97% del gasto total en leche en polvo deshidratada de 8.000 gramos, mientras que otros 38 explican el 3% restante”. Las contrataciones se reparten casi siempre entre las mismas manos, aunque en la lista de proveedores del Estado que tiene la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) hay actualmente 18.000, según informó su titular, Fernando Díaz. La OA precisó que, en el período investigado, los principales proveedores del Estado en los rubros más comprados -alimentos, productos farmacéuticos y medicinales y combustibles y lubricantes- fueron: YPF-Repsol (con $ 121.083.075), Abbott Laboratorios (con $ 46.183.819), Grupo Colonia (con $ 39.603.829), SanCor (con $ 38.275.967), Mastellone (con $ 29.093.649), Productos Roche (con $ 23.091.220), Verónica Safiace (con $ 22.881.520), Droguería Magna (con $ 20.063.852), Esso (con $ 12.276.777), Merck Sharp (con $ 8.338.202), Automóvil Club Argentino (con $ 7.657.619), Empresa de Combustible Zona Común (con $ 6.009.761).Como era previsible, Díaz -director del órgano responsable de establecer las normas, sistemas y procedimientos que rigen las contrataciones en la administración nacional- dice que el sistema de contrataciones ha avanzado mucho en los últimos años y es bastante más optimista que el resto de los consultados. Pero también admite que aún resta recorrer un largo camino para que las contrataciones puedan hacerse on-line y bajo absoluto control ciudadano. Díaz cuenta que el Gobierno trabaja en un proyecto de nueva ley de contrataciones, “porque no podemos seguir con una de hace 30 años, dados los cambios y avances tecnológicos registrados”.