JUSTICIA AMBIENTAL

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	El derrame del mineraloducto en Santa Ana implicó un operativo que genera el temor de los vecinos del sur. (Foto Univec).


	Quejas de vecinos contra Montalván Vecinos del sur de la provincia denunciaron que hace 90 días enviaron un pedido de informes al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, en relación al derrame producido por roturas en el mineraloducto de Minera Alumbrera en las cumbres de Santa Ana en el límite con la Provincia de Catamarca. En el documento, los ambientalistas pidieron que se precise cuál ha sido la magnitud y gravedad del derrame, si se afectó algún curso de agua, qué medidas de prevención se llevaron a cabo, el tiempo que llevó limpiar la zona y si se dio parte a la Justicia Federal. También si se realizaron análisis químicos de suelo y agua para determinar si hubo contaminación.

La nota en imágenes

Ambientalistas de diferentes ONGs se reunieron con integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para pedirles mayor celeridad en la causa contra un directivo de Minera Alumbrera por supuesta contaminación ambiental. La Cámara aún debe resolver qué decisión tomará en cuanto a la apelación a la falta de mérito que dispuso el ex juez Terán. Según adelantaron, en febrero podría haber una sentencia al respecto. Los vecinos también aportaron pruebas sobre aparentes nuevos hechos de contaminación causados por roturas en el mineraloducto de la minera extranjera. Críticas al secretario de Medio Ambiente provincial.

A más de dos años de que el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, apelara el fallo del destituido juez federal Felipe Terán -dispuso la falta de mérito en la causa en la que se investiga al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney- aún o se tiene respuesta alguna desde la Justicia sobre cuál será la situación del empresario. Es que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán aún se no pronunció al respecto y el malestar desde los sectores ambientalistas expectantes por el fallo ya es una constante. Ante esta situación, vecinos del sur de la provincia y de Termas de Río Hondo mantuvieron dos encuentros con integrantes del órgano judicial para solicitarles que se acelere el proceso surgido por supuesta contaminación ambiental. El martes y jueves de la semana pasada, integrantes de las ONGs Unión de Vecinos del Sur (Univec- Concepción), Pacto Verde (Monteros) y de la Movida Ambiental de Termas de Río Hondo se reunieron con Raúl Mender (presidente del cuerpo) y Graciela Fernández Vecino para interiorizarse del estado de la causa. La respuesta que obtuvieron es que al menos en febrero la Cámara podría dar lugar o no a la apelación de Brito. Los vecinos también aportaron a los jueces nuevas pruebas sobre aparentes nuevos hechos de contaminación en la provincia causados por fallas en el mineraloducto de la minera extranjera. Entre otros documentos se acercó documentación (acompañada de fotografías y filmaciones) sobre la rotura del ducto en Villa Lola (Alpachiri), el derrame de concentrado en las Cumbres de San Ana, análisis que demuestran contaminación en el agua de red de barrios de Concepción, un estudio ambiental realizado por la propia Secretaría de Minería de la Nación que confirma la contaminación que causa Minera Alumbrera y denuncias realizadas por vecinos de varias localidades catamarqueñas por donde pasa el mineraloducto. “Todo el material que les aportamos (a los camaristas) los sorprendió bastante. Ellos desconocían todo lo que está pasando en torno a la contaminación que ocasiona el derrame de concentrado del mineraloducto en varios puntos de su trazado. Se comprometieron a tratar nuestras denuncias”, expresó a primerafuente Gustavo Masmud de Univec. La causa contra Rooney Rooney está bajo la lupa de la Justicia Federal por el daño ambiental que se produce en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la empresa extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca). Esas aguas desembocan luego en el río Salí, que a su vez confluye en el Dique El Frontal de Santiago del Estero. Esa planta se utiliza para el filtrado del concentrado de cobre a fin de permitir su transporte por medio ferroviario y para el tratamiento del agua filtrada y de otras aguas del proceso. La causa se inició en 1999 a raíz de una denuncia del biólogo Juan Antonio González (es director de Medio Ambiente provincial) como investigador del Instituto Miguel Lillo. El presunto delito de contaminación está previsto y penado en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.