Funcionario tucumano a juicio por contaminar

27/11/2007 | La causa será investigada por la Justicia Federal de esa provincia

Otro jefe comunal deberá dar explicaciones en los tribunales por contaminación que perjudica al medio ambiente.

Un intendente de la vecina provincia de Tucumán será investigado por la Justicia Federal, ya que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó que el fuero es competente para intervenir en el proceso por contaminación contra este funcionario. Este caso se suma al ya juzgado ex intendente de Concepción de Tucumán, Octavio Muedra, a un año de prisión condicional y lo inhabilitó por igual tiempo a ejercer cargos públicos al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental.
En este caso se trata del intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, quien sufrió un duro revés procesal. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó que la Justicia Federal es competente para seguir interviniendo en la causa en la que está procesado por supuesta contaminación. Orellana pretendía que el caso pasara a la órbita de la Justicia provincial bajo el argumento de que siempre se le había imputado que, durante su anterior gestión municipal (1999-2003), funcionaba en Famaillá, cerca del río Seco (afluente del río Famaillá), un basural a cielo abierto, en el que eran arrojados residuos peligrosos para la salud de la población. No obstante, el río Seco (luego denominado Colorado) se unía con el Salí y desembocaba en el dique frontal, de Santiago del Estero, lo que daba lugar a la competencia federal.
Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, a cuyo voto se adhirieron los otros vocales de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, fue terminante. “Tradicionalmente se ha considerado que los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no habilitan la concesión del recurso (de casación), que requiere como exigencia de impugnabilidad objetiva el carácter de sentencia definitiva”, precisó. Agregó que este principio cede si, a diferencia de lo que sucedió en el caso de Orellana, se hubiera denegado la actuación del fuero federal. La camarista recalcó que no se habían violado las garantías del debido proceso, como invocaba la defensa del actual intendente. Por lo que dijo que la investigación “amerita aún más la intervención de la Justicia Federal”.
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