Estimados:
A continuación tres notas aparecidas en el portal informativo (muy bueno) primerafuente.com.ar
Quizás les lleve un poco de tiempo leerlas y si no conocen la problemática de la Cuenca Salí - Dulce se les haga un poco difícil de entender, pero vale la pena el esfuerzo.
En 1) se aprecia el accionar de la justicia que da a conocer los resultados de los muestreos que confirman que los ingenios contaminan. Se da a conocer justo al día siguiente que los empresarios firmaron un acuerdo con Picolotti y el juez espera que le presenten "un plan integrado basado en el sistema de progresividad que prevea como objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos ...." ¿Qué significa esto, acaso el juez no debe juzgar sobre los hechos delictivos ya comprobados?
Por otro lado en 2) los empresarios se muestran relajados y muy contentos al firmar el acuerdo, dentro del PRI (plan de reconversión industrial). Ver foto adjunta. Cómo no van a estar contentos si los van a premiar por haber contaminado durante muchos años.
En 3) la protesta de los vecinos a funcionarios y empresarios y la entrega del petitorio a Picolotti, asumiendo una firme posición al no haber participado en la firma de los acuerdos para no avalarlos con su presencia, y demostrando que si bien respiran hollín a la fuerza, no mascan vidrio.
En fin, hace varios días hice llegar a muchos medios los comentarios que siguen, y por supuesto nadie se hizo eco:
"Como es su costumbre, nuestros gobernantes, funcionarios y empresarios siguen mintiendo. La tan promocionada firma del PRI, Plan de Reconversión Industrial, por parte de ingenios, citrícolas, etc. es una farsa.
En Tucumán existió desde el 2003 un PPL (Plan de Producción Limpia) que concluyó en un rotundo fracaso, pues solamente se integraron a él 3 empresas. Luego la titular de medio ambiente de la nación, Romina Picolotti, en conjunto con el gobierno de Tucumán, inventó este PRI
¿Cuál es la mentira? Muy simple: el PRI es una reedición del PPL, a saber:
1) El PRI no es obligatorio, igual que el PPL
2) En el PRI los parámetros de contaminación permitidos a las empresas son exactamente iguales a los de PPL. Están fijados por la resolución provincial 1265/2003 del Siprosa (Tucumán)
3) Tanto el PPL como el PRI son violatorios de la ley federal de Residuos Peligrosos Nro. 24051, pues la resolución 1265/03 fija valores muy por encima de los estipulados en la ley federal.
4) Pero ahora el PRI en lugar de castigar, premia a los empresarios que han contaminado y envenenado todos los cursos de agua de Tucumán y el lago de Termas de Río Hondo, otorgándoles créditos blandos para "reconvertir sus procesos de desechos de efluentes".
5) Los proyectos de "reconversión" los preparan los empresarios, ellos se beneficiarán con los créditos blandos, la población seguirá sufriendo la contaminación hasta que a ellos les parezca, y los créditos los financiaremos entre todos los habitantes del país.
UNA FARSA, Y UNA MANIOBRA PARA HACER CREER A LA POBLACION QUE AHORA SÍ SE SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA SALÍ-DULCE."
| 1) UN TRAGO AMARGO PARA LOS AZUCAREROS |
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| Confirmado: 11 ingenios contaminan el agua que desemboca en la cuenca Salí-Dulce | |||||||||||||||||||||||
Lo que todos saben y lo que los vecinos del sur padecen y denuncian hasta el cansancio fue confirmado por un estudio de la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional. Los resultados de las muestras de agua que fueron extraídas por peritos de la fuerza nacional en 11 ingenios azucareros develaron que, en general, exceden los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia, con lo que se complica aún más la situación judicial de los industriales involucrados en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Con la firma del Jefe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe, al que tuvo acceso primerafuente, confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud. Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua. El juez pidió a Montalván que rinda cuenta sobre los planes y controles Racedo recibió dicho informe, que data del 24 de setiembre pasado, hace más de una semana y tras un minucioso análisis de los resultados que arrojaron las muestras de agua, libró un oficio al secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván. A través del escrito, le solicitó que en un plazo de 10 días le informe si los ingenios involucrados formalizaron o presentaron "un plan integrado basado en el sistema de progresividad que prevea como objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseoso que emanasen de la fábrica, objetivos a lograrse en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal". A ello, agregó que en caso afirmativo, remita la copia de dicho plan e informe sobre los controles efectuados y si el programa se encuentra cumplimentado a la fecha comprometida. También le solicitó al funcionario que envíe informes de los estudios de impacto y de ordenamiento ambientales de los 11 ingenios. |
| 2) PICOLOTTI LE TOMÓ LA PALABRA A LOS INDUSTRIALES |
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| Para disminuir el daño ambiental, 22 industrias prometieron invertir $156 millones | |||||||||||||||
En un sencillo acto protocolar que se realizó ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, los representantes de los 15 ingenios azucareros y 7 industrias citrícolas y las autoridades del Gobierno nacional y local, rubricaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) para disminuir los grados de contaminación en la cuenca Salí-Dulce. El acto fue presidido por la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, quien en conferencia de prensa explicó que los ingenios y citrícolas invertirán 156 millones de pesos durante 24 meses para minimizar el impacto de la contaminación. También dejó una vez más la promesa de sancionar a las empresas que no cumplan con el acuerdo y en ese sentido alertó que los industriales deben reducir a cero el vertido de vinaza y la cachaza en los cursos de agua que desembocan en la cuenca. Si bien Picolotti resaltó el compromiso que asumieron los empresarios, dejó en claro que de ahora en más no hay más excusas para que los industriales no reduzcan realmente la contaminación. "Ya no hay excusas para que no se comprometan y bajen los grados de contaminación. El Estado fomentó todas sus herramientas para coordinar en forma conjunta acciones positivas. Ahora utilizará fuertemente sus herramientas de control y económicas para prevenir y bajar los grados de contaminación", amenazó y agregó que se han proporcionado hasta técnicos en forma gratuita para asesorar a las empresas. La funcionaria nacional que visitó la provincia por escasas horas especificó que a partir de diciembre se abrirán líneas créditos en el Banco Nación a tasas cero para aquellas empresas que firmaron el (PRI). "La obligación de cuidar el medio ambiente, es una obligación legal, hay una responsabilidad del Estado, del ciudadano, pero también una obligación moral", dijo. En el acto, que se realizó con la presencia del gobernador José Alperovich, el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y los gerentes de las diferentes empresas, Picolotti sostuvo que desde los gobiernos tanto nacional como local se asumió un compromiso hace diez meses de fomentar y promover el mayor control a las empresas con una política de Estado. Con este convenio, las 22 industrias tucumanas se comprometieron a cumplir pautas de inversión y de mejoras ambientales que serán monitoreadas. Si estas compañías no cumplen con sus obligaciones asumidas, los organismos de control podrán sancionar y multar económicamente a las firmas y hasta incluso hacer caer el convenio. Cabe recordar que este plan de reconversión industrial fue elaborado por técnicos y especialistas de la nación y de las cinco provincias involucradas en la cuenca Salí-Dulce (Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Catamarca y la Rioja). También destacaron que la provincia será la pionera en llevar adelante con este tipo de plan anti-descontaminante.Durante el acto, también firmaron el convenio marco ocho empresas faenadoras de carnes vacunas, que iniciaron la primera etapa del proceso para ingresar al PRI. |
La nota en imágenes
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Mientras en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se llevaba adelante el acto protocolar de la firma del Plan de Reconversión Industrial (PRI), un grupo de vecinos del sur de la provincia realizaba una colorida protesta con afiches y un esqueleto humano en las escalinatas del Palacio Gubernamental exigiéndole a la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que actué directamente contra aquellas industrias que continúan generando contaminación. Luego de cumplir con su compromiso oficial, la funcionaria atendió en pocos minutos a estos defensores del medio ambiente destinándoles.
En este encuentro improvisado, según comentó Gustavo Masmud, miembro de la ONG Unión de Vecinos del Sur, Picolotti se comprometió a atender personalmente el planteo que se le formuló por escrito. "Este acuerdo que rubricaron con el sector empresarial nos produce incertidumbre y desconfianza porque no sabemos realmente qué acordaron. Ya tenemos malas experiencias teniendo en cuenta el Plan de Producción de Limpia que fue un fracaso total en la provincia", alertó Masmud.
El ambientalista también comentó que la funcionaria les prometió que seguirán de cerca el monitoreo a cada una de las empresas que más exponen a la población con sus desechos contaminantes. En este sentido, los vecinos le aseguraron a Picolotti que independientemente de las disposiciones del Estado se seguirá de cerca a las empresas aportando elementos de pruebas directamente en la Justicia Federal por los daños que causan las industrias tucumanas.
En el petitorio los vecinos solicitaron lo siguiente:
1) Dentro del Plan de Reconversión Industrial (PRI) se exija que los valores de contaminación a tener en cuenta sean los mismos que los establecidos por las leyes nacionales Nº 20.051 y 20.284.
2) Que se presente como querellante en todas y cada una de las causas iniciadas por contaminación ante los juzgados federales de Tucumán contra los ingenios. Además, solicitan que desde la Secretaria de Medio Ambiente se designen abogados a disposición de la organización civil por carecer de recursos económicos.
3) Se provea un subsidio a los familiares del niño Rodrigo Exequiel Agullo, para obtener remedios, oxígeno y la asistencia médica necesaria.
4) En atención a que todos tenemos derechos a un ambiente sano y este derecho constitucional sólo lo gozan algunos que tienen la posibilidad de vivir en zonas no contaminadas, en mérito a que somos todos iguales ante la Ley, pedimos una exención impositiva, tributaria y de tasas municipales a todos los vecinos afectados por la contaminación.
5) Se instalen en la provincia de modo permanente y con el monitoreo de ONGs, como la nuestra, de medidores de gases y partículas contaminantes ya que los jueces federales han afirmado que no se puede probar el delito porque en la provincia no hay equipos de medición normatizados.
6) Que los planes con metas y resultados sean puestos a disposición (en internet) para conocimiento y aporte de la sociedad tucumana.
7) Que también se delegue la responsabilidad del control del cumplimiento de lo acordado por los industriales (sin violar los presupuestos mínimos establecidos por la leyes nacionales como lo indica la Ley Nº 24.051 Y 20.284, entre otras) a los intendentes y delegados comunales pero con la participación de la ciudadanía.
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