Nuevamente, se acusó a la citrícola Trapani por haber arrojado efluentes contaminados que terminaron con la vida de los peces de un criadero. También se denunció a una empresa minera que, para abastecerse de agua, derivó el agua contaminada hacia la reserva acuícola. Sin embargo, para la Justicia no hay pruebas suficientes de que la citrícola sea responsable de la mortandad de peces.
Otra vez los efluentes que arroja la citrícola Vicente Trapani habrían sido la causa para que cardúmenes enteros de diversas especies desaparezcan. Se trata de un criadero de peces denominado “Granja de Acuicultura y Turismo Yacu Huasi” ubicado en la localidad de Las Cañitas (Los Nogales, departamento de Tafí Viejo). Según su propietario, Antonio Rulfi, tras algunos meses sin que se hayan registrado nuevas filtraciones de desechos contaminantes a su emprendimiento, durante la semana pasada, en sus lagunas volvió a aflorar la mortandad de peces (se trabaja en la reproducción de tarariras, bagres, truchas, pejerreyes, sábalos, etc) y la turbiedad del agua. Para el denunciante, se tratan de efluentes compuestos de productos químicos que la citrícola usa para el lavado de sus maquinarias y sobre las cáscaras de la fruta. Estos desechos son derivados a una laguna de sacrificio para su tratamiento antes de ser volcados, a través de una acequia, al río Salí, según explicó Rulfi. Sin embargo, el empresario explicó que el procedimiento que la empresa realiza para sus desechos es “obsoleto” porque, según análisis que se realizaron, se determinó que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de los desechos era muy alta. La DBO es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida. Rulfi también acusó a la empresa Guerrero Hermanos quien extrae áridos de un yacimiento lindante a su granja acuícola. Esta firma habría realizado trabajos para la extracción de agua del río, permitiendo la filtración del líquido contaminado a sus seis lagunas. Tal como lo informó primerafuente, el 26 de abril, la Cámara Federal de Apelaciones (CFA) de Tucumán falló en contra de las imputaciones sobre cuatro directivos de Vicente Trapani, sospechados de arrojar residuos peligrosos. La CFA revocó los procesamientos sin prisión preventiva y dictó la falta de mérito a favor de los procesados. Además, recomendó al Juzgado que resuelva la situación procesal de los imputados profundizando una investigación que data desde 2002. Vicente Trapani, Beatriz Trapani, Silvia Trapani y Raúl Soria, fueron procesados sin prisión preventiva por el Juzgado Nº 2, a cargo en ese entonces por el ahora juez destituido Felipe Terán, luego de concluir que existían elementos probatorios para considerarlos presuntos autores, penalmente responsables del delito penado por el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. También se fijó un embargo sobre los bienes de propiedad de los procesados por un monto de 100.000 pesos, por cada uno de ellos. Pero luego, la medida fue apelada por la defensa de los acusados, que sostuvo que “no habría un solo elemento de prueba en la causa del cual surja que los efluentes de Vicente Trapani S.A sean peligrosos para la salud humana”. La causa se inició en 2002 con la denuncia de los vecinos de Los Nogales y Las Talitas contra la citrícola por el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en la cuenca hídrica conocida como Canal de Desagüe Los Nogales, lo que estaría ocasionando graves daños contaminantes. Tras este nuevo episodio, Rulfi envió a Gendarmería una serie de imágenes fotográficas para que, a su vez, sean remitidas al fiscal general federal, Gustavo Gómez, como elemento probatorio en la causa. “Cuántos peces más quieren que se mueran (los jueces federales de la Cámara de Apelaciones) para hacer algo. Ya no sé que más pruebas necesitan para determinar que sí hubo contaminación. Mientras yo realizo inversiones de mi bolsillo, la citrícola sigue dañando al medio ambiente y encima, gracias al Plan de Reconversión Industrial, recibirá plata del Estado”, se quejó Rulfi. |
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