Estimados:
El Dr. Antonio Gustavo Gómez es el Fiscal Federal General en Tucumán. Hace años que viene luchando desde su posición dentro de la Justicia contra los delitos ambientales. El concepto de que quien contamina a la población es un delincuente y que debe ser perseguido y castigado no está bien arraigado en nuestras mentes.
A continuación transcribo un artículo publicado en el diario La GAceta (Tucumán). Mediten sobre el tema. Cualquier aclaración que deseen, estamos a su disposición.
MINISTERIO PUBLICO - CREARON UNA UNIDAD ESPECIAL
Una barrera útil
Análisis. Por Dr. Gustavo Gómez - Fiscal Federal General-Titular Regional de la Ufima.
LA GACETA
Se especializa la investigación de los delitos contra el medio ambiente
La contaminación perjudica a todos
Apoyo fundamental
Por una petición expresa de varios sectores -incluidas ONG y la Secretaría de Ambiente de
la Nación- se creó la Ufima, instrumento que respalda lo que antes hacíamos con la sola
invocación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Nuestro trabajo es
respaldado por el procurador general, que quiso que esa experiencia se derramara en otras
regiones.
Hoy, nuestros fiscales atienden todo el espectro delictual federal (narcotráfico, delitos
económicos, mafia, corrupción, etcétera). Esta política de fiscal natural, por turnos
cronológicos, como existe en Tucumán, tiende a cambiar. Neuquén o Chubut tienen un
Ministerio Público organizado no ya por turnos, sino por delitos. La especialización -y
no sólo en materia ambiental- nos torna más eficientes, pero hay que cambiar muchas
mentalidades retrógradas, que tiene temores infundados.
Tal vez, los recursos para realizar las pruebas de campo puedan ser altos -por su costo-,
pero si estos delitos se mantienen en la órbita federal nuestras fuerzas de seguridad
cuentan con laboratorios muy importantes. Hay avanzadas gestiones para que la Policía
Federal instale en Tucumán un cromatógrafo gaseoso, un instrumental de alta complejidad.
Sólo falta -se me ocurre- más voluntad para reconocer la gravedad que implica para la
salud pública este tipo de delitos.
La única barrera que detendrá la contaminación es el Derecho Penal Ambiental. La variable
de ajuste de la economía empresarial -hoy por hoy- es la salud pública. Las multas son
ineficientes y muy escasas. El poder económico de aquel que para producir necesita
contaminar es fabuloso, y juicios conciliatorios, como los que se ventilan en la Corte
Suprema de Justicia -como el caso "Mendoza"- son más de lo mismo. Es posponer una
solución a la que sólo se llegará cuando las condenas por contaminar el ambiente sean tan
corrientes como en las causas por narcotráfico. El éxito dependerá de la aceptación que
tenga nuestro trabajo en los fiscales de primera instancia y en los jueces federales de
todas las instancias, incluidos los de la Corte. Si el modelo es aceptado, auguro un
Ministerio Público mucho más eficiente. Si nos encerramos en estructuras perimidas, según
el modelo del expediente cosido a mano, con intervención de jueces y distintos
funcionarios judiciales en las tareas de investigación previas a un juicio oral y
público, todo será como hasta ahora: seguiremos metiendo preso a los ladrones de
gallinas, a los in fraganti y se beneficiarán quienes puedan pagarse un abogado que les
chicanee las causas. Si este cambio que propone el procurador general no recibe el apoyo
de todos -incluido el ciudadano más puro y simple- no lograremos cambiar la historia de
desprestigio que hoy nos afecta.
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